En un contexto global marcado por la urgencia climática y el escrutinio creciente sobre el comportamiento ambiental y social de las empresas, la vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Bernardita Piedrabuena, trazó una hoja de ruta clara: avanzar con decisión en regulación ASG, mejorar la calidad de la información divulgada por las empresas y establecer un lenguaje común para definir qué es realmente sostenible.

Durante su intervención en el Seminario Internacional de Acción Climática en Chile, organizado por la Contraloría General de la República, Piedrabuena enfatizó el rol clave que tiene el sistema financiero para afrontar los riesgos derivados del cambio climático, tanto físicos como de transición, y cómo estos pueden transmitirse hacia la economía real y el mercado financiero.

De los riesgos a la regulación

Los riesgos climáticos no son abstractos: impactan directamente en la valoración de activos, la rentabilidad de proyectos, la estabilidad operativa de empresas y la litigiosidad de sus operaciones. Según explicó la autoridad, estos se traducen en amenazas concretas como el aumento del riesgo de crédito, mercado, operacional, legal y técnico, tanto para los bancos como para los emisores y compañías de seguros.

Ante este escenario, la CMF se mueve con tres mandatos complementarios: conducta de mercado, prudencial y desarrollo de mercado. “Nuestro foco es reducir las asimetrías de información, fortalecer la estabilidad financiera y promover el surgimiento de productos e instrumentos financieros más alineados con los desafíos de sostenibilidad”, explicó Piedrabuena.

Divulgación más robusta y comparable

Uno de los avances regulatorios más relevantes ha sido la implementación de la Norma de Carácter General 461 (NCG 461), que eleva los estándares de divulgación en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG) para emisores de valores. La norma, vigente desde 2021, exige integrar estos factores de forma transversal en las memorias anuales, con foco en la comparabilidad, estandarización y accesibilidad de la información.

Está alineada con estándares internacionales como TCFD, GRI y SASB, y contempla una estructura clara que va desde la gobernanza hasta indicadores específicos de sostenibilidad por tipo de industria. En 2025, además, comenzará a regir el nuevo estándar SASB actualizado, elevando aún más el nivel de exigencia para bancos, aseguradoras, administradoras generales de fondos y otras entidades del sistema financiero.

A la fecha, 136 empresas están obligadas a reportar bajo NCG 461, mientras que otras 27 lo han hecho de forma voluntaria. Sin embargo, el desafío no está solo en el volumen: “La extensión de las memorias muchas veces dificulta identificar datos relevantes. La clave está en lograr concisión, materialidad financiera y, eventualmente, avanzar hacia la verificación de terceros”, apuntó la vicepresidenta.

NCG 519 e IFRS S1/S2

El marco regulatorio chileno también adoptó los estándares NIIF S1 y S2 del ISSB como referencia para el reporte de sostenibilidad. Así quedó establecido en la NCG 519 de junio de 2023, que refuerza la orientación hacia la materialidad financiera de la información entregada.

Estos estándares, respaldados por IOSCO y en proceso de adopción en países como Canadá, Japón y Brasil, se complementan con las métricas SASB, que seguirán vigentes para aquellos aspectos que aún no son cubiertos por las nuevas normativas.

Una de las novedades más destacadas de la presentación de Piedrabuena fue el avance en la taxonomía verde chilena, liderada por el Ministerio de Hacienda y aún en proceso de construcción. Inspirada en el modelo europeo, esta herramienta busca establecer criterios claros para clasificar actividades económicas según su contribución a objetivos medioambientales como mitigación y adaptación al cambio climático, economía circular y protección de la biodiversidad.

“La taxonomía no es una lista de inversiones obligatorias, ni prohíbe actividades, ni impone metas a empresas. Es una herramienta para reducir el greenwashing y fortalecer la confianza de los inversionistas”, aclaró Piedrabuena. Su aplicación permitirá calcular indicadores de alineación sostenible (% de actividades que cumplen con los criterios), simplificando la toma de decisiones para actores financieros.

Bernardita Piedrabuena destacó la solidez del sistema financiero chileno y el valor de anticiparse a las tendencias regulatorias internacionales. “El modelo de reporte que hoy tenemos en Chile recoge lo mejor del aprendizaje internacional. Nuestro objetivo es seguir evolucionando, acercándonos a los mejores estándares, para que nuestras entidades estén preparadas para las exigencias futuras de inversionistas, asegurados y clientes”, concluyó.

Aquí puedes ver la presentación completa