En entrevista con ESGHOY la directora de la alianza público-privada, Juntos por la Reinserción, Bernardita Frez, advierte que las barreras estructurales, el estigma y la falta de incentivos siguen limitando la integración laboral de este grupo de trabajadores.
La reinserción laboral en Chile sigue enfrentando obstáculos estructurales que limitan la integración de personas con antecedentes penales. En entrevista con ESGHOY, Bernardita Frez, directora de Juntos por la Reinserción, advierte que las empresas aún no están preparadas para asumir este desafío.
¿Por qué es difícil la reinserción laboral en Chile?
La reinserción laboral en Chile enfrenta barreras como el estigma social, la falta de incentivos empresariales y debilidades del sistema carcelario, lo que limita la contratación.
Se declaran como una organización que busca construir y consolidar una red de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil que dedicadas a la reinserción social de jóvenes y adultos que están o estuvieron privados de libertad.
¿Su origen? En 2018 a partir del Proyecto +R, que nace de una alianza público-privada, compuesta por el gobierno, el empresariado y la sociedad civil. Lo lideran el Ministerio de Justicia, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Comunidad de Organizaciones Solidarias por la sociedad civil. Lo componen una red de 45 fundaciones que trabajan en reinserción.
«No trabajamos directamente con ningún usuario, somos intermediarios, articulamos el ecosistema», enfatiza Bernardita Frez.
¿Cuál es el perfil de las empresas con las que trabajan?
No hay un rubro único; hemos trabajado con cerca de 100 empresas, desde multinacionales hasta medianas. El perfil ideal suele ser ese, porque tienen la estructura para no comprometer su producción si algo falla, pero permite un trato más cercano y un jefe directo que acompañe el proceso.
¿Están las empresas realmente preparadas para este desafío?
Honestamente, creo que no, pero no por su culpa, sino por un clima social que no es inclusivo. Por eso el rol de las fundaciones es clave: hacen la intermediación y el acompañamiento durante los primeros meses. Tanto Paz Ciudadana como el BID coinciden en que la reinserción, además de entregar una segunda oportunidad, resulta en una estrategia eficiente para reducir la reincidencia y el delito a largo plazo.
Pese a ello, en 2025 se reportaron al Ministerio de Justicia 758 colocaciones laborales para una población de más de 90.000 personas bajo el sistema de Gendarmería en medio libre.
¿Cuál es el principal motivo y beneficio para que una empresa se sume a un programa de reinserción?
En términos legales o financieros, hoy no existe un beneficio directo en Chile. Sin embargo, el valor para la empresa es estratégico y humano:
Juntos por la Reinserción nació en 2018 a partir del Proyecto +R, una alianza público-privada integrada por gobierno, empresariado y la sociedad civil.
Tanto Paz Ciudadana como el BID coinciden en que la reinserción, además de entregar una segunda oportunidad, resulta en una estrategia eficiente para reducir la reincidencia y el delito a largo plazo.
En 2025 se reportaron al Ministerio de Justicia sólo 758 colocaciones laborales para una población de más de 90.000 personas bajo el sistema de Gendarmería en medio libre.
El proyecto es liderado por el Ministerio de Justicia, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Comunidad de Organizaciones Solidarias a la sociedad civil.
El beneficio real es el empoderamiento del talento: cuando la empresa entrega las herramientas y el jefe directo ofrece apertura, la persona se siente respaldada para desplegar su potencial en beneficio de la producción.
Mencionas que no filtran por el tipo de delito. ¿Cuál es el perfil de quienes acceden a estos programas?
Para acceder a los programas se necesitan tres bimestres de buena conducta. Las estadísticas muestran alta vulnerabilidad: 9 de cada 10 pertenecen a sectores vulnerables, 61% no terminó la escolaridad y casi la mitad inició su carrera delictiva antes de los 14 años. El único filtro ocurre en casos de delitos asociados con niños en caso de que la empresa lo requiera por su tipo de operación.
¿Cómo evalúa el sistema carcelario actual en Chile?
Es tremendamente deficiente. El sistema está diseñado para 41.000 personas y hoy tenemos 63.000. Con ese nivel de hacinamiento, se prioriza el control y no la reinserción. Falta una Ley de Ejecución de Penas y voluntad para usar herramientas que ya existen, como los Centros de Educación y Trabajo (CET), donde las empresas pueden instalar unidades productivas dentro de las cárceles
¿A qué tipo de cargos están enfocando las capacitaciones?
Principalmente en logística, construcción y electricidad. Son rubros con bajas barreras de entrada y alta demanda. Además, existe un interés por generar ingresos de forma rápida. Aunque hemos intentado impulsar otras áreas, la realidad de la brecha educacional es dura; a veces nos enfrentamos a personas que sueñan con cargos administrativos pero no saben leer ni escribir. Nuestro objetivo es que, mediante el acompañamiento, estas personas descubran sus talentos y puedan escalar como ya ha ocurrido en varios casos de éxito.
¿Cómo observas el panorama legislativo para destrabar estos problemas?
El Día de la Reinserción es hoy nuestro principal «caballito de batalla». El sistema actual de antecedentes penales es un proceso sumamente engorroso que impone barreras sin sentido a quienes buscan trabajo. Me preocupa la desigualdad en las condenas: mientras la reincidencia golpea a los sectores más vulnerables, la delincuencia económica logra sortear el rigor de la ley.
Sin dejar a nadie atrás: la inclusión laboral de las personas diversas
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