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06/06

SEC plantea eliminar normas que obligan a las empresas informar riesgos climáticos

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) considera estas medidas, diseñadas bajo la administración Biden, resultan “excesivamente onerosas y costosas”. Organismo argumenta además que “son innecesarias e incompatibles” con un modelo de divulgación adaptado a cada entidad registrada y basado en la materialidad.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) planteó revocar las normas que obligan a las compañías a incluir determinada información vinculada al clima en sus registros y en los informes anuales, al considerar que resultan “excesivamente onerosas y costosas”.

Estas obligaciones, diseñadas durante el gobierno de Joe Biden y ratificadas en marzo de 2024, imponían a las empresas que cotizan en bolsa una comunicación exhaustiva sobre cuestiones climáticas, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de los riesgos derivados del cambio climático y el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos en sus estados financieros. Sin embargo, nunca llegaron a aplicarse, ya que el 4 de abril de 2024 su entrada en vigor quedó suspendida a la espera de una decisión judicial.

Posteriormente, en marzo de 2025, la SEC decidió en una votación abandonar la defensa judicial de estas reglas sobre divulgación de riesgos climáticos por parte de las empresas.

De este modo, el supervisor bursátil estadounidense ha planteado “derogar en su totalidad las normas de divulgación climática”, alegando que sobrepasan el ámbito de su mandato legal y que, aun cuando tendría capacidad para aprobarlas de forma definitiva, existen motivos de política pública suficientes y persuasivos para eliminarlas por completo.

«Innecesarias e incompatibles»

En esta línea, la SEC argumenta que las normas “son innecesarias e incompatibles” con un modelo de divulgación adaptado a cada entidad registrada y basado en la materialidad, que, a su juicio, protege mejor los intereses tanto de las compañías como de los inversores.

Además, sostiene que las reglas se apartan de forma notable de los criterios de política pública previstos en la legislación federal de valores y suponen cargas económicas importantes para las empresas cotizadas y sus accionistas, sin que los posibles beneficios informativos para determinados inversores compensen esos costos adicionales.