El ente fiscalizador establece un nuevo marco para la certificación en sostenibilidad tributaria mediante resoluciones que regulan acuerdos de cooperación, empresas certificadoras y matrices de riesgo fiscal. Conoce cómo funciona y qué implica para las empresas.
Con la publicación de las Resoluciones Exentas N°70, 71 y 72, el Servicio de Impuestos Internos (SII) formalizó los mecanismos para implementar la sostenibilidad tributaria en Chile, conforme al artículo 8 N°18 del Código Tributario, incorporado por la Ley N°21.713 de octubre de 2024.
El su informe Tax Alert, EY Chile explica que este nuevo marco regula tres pilaeres fundamentales: la inscripción de Empresas Certificadoras Independientes (ECI), la obtención de la Certificación Anual de Sostenibilidad Tributaria y los Acuerdos de Cooperación con Grupos Empresariales (ACGE).
Según EY las compañías que busquen certificar su sostenibilidad tributaria o suscribir un ACGE podrán acceder a beneficios significativos: mayor certeza jurídica en sus posiciones fiscales, retroalimentación continua sobre su Marco de Control Fiscal (MCF), procesos de fiscalización más acotados, resolución temprana de controversias y reconocimiento público a través del Registro de Transparencia Tributaria.
Además, el SII podrá otorgar prórrogas para presentar declaraciones juradas a quienes estén certificados o cuenten con un acuerdo vigente.
Una de las innovaciones clave, dice la consultora, es el Marco de Control Fiscal (MCF), una estructura integrada al sistema de gestión de riesgos que busca garantizar la integridad de la información tributaria del grupo empresarial. Su actualización permanente será crucial, y deberá incluir la identificación de operaciones relevantes, evaluación de contingencias fiscales, controles internos robustos y monitoreo de efectividad.
Paralelamente, la Matriz de Riesgos Tributarios permitirá clasificar los riesgos en categorías como cumplimiento, reputación u operación, con responsables asignados y medidas de mitigación documentadas.
La Resolución Ex. N°70 detalla las condiciones que deben cumplir las ECI, entre ellas: estar constituidas legalmente en Chile, sin deudas fiscales ni procesos de insolvencia, y demostrar competencia técnica, financiera y operativa. También se exige transparencia y una reputación alineada con los intereses del SII. Las empresas inscritas en el Registro de Auditoras de la CMF podrán acceder a un procedimiento simplificado.
El SII dispondrá de hasta tres meses para aprobar las solicitudes de inscripción. Las certificadoras deberán conservar antecedentes por al menos seis años, y pueden ser suspendidas si incumplen los estándares.
Las certificadoras autorizadas deberán aplicar criterios rigurosos que incluyen estándares internacionales de transparencia, gobernanza fiscal efectiva y una matriz de riesgos actualizada. El proceso considera revisión documental, visitas a terreno y elaboración de informes técnicos.
Si se detectan irregularidades —como conductas tributarias agresivas, información falsa o ineficacia del MCF— el contribuyente podrá ser excluido del Registro de Transparencia Tributaria y perder la certificación. No obstante, podrá volver a postular una vez subsanadas las deficiencias.
La Resolución Ex. N°72 define los contenidos y obligaciones asociadas a los Acuerdos de Cooperación. Estos buscan promover una relación de confianza y transparencia entre el SII y los grupos empresariales. La implementación del Plan de Cumplimiento Tributario (PCT), co-diseñado entre el contribuyente y el SII, será central para prevenir y mitigar riesgos fiscales.
Para suscribir un acuerdo, las empresas deberán contar con una estrategia fiscal aprobada por el directorio, canales de comunicación internos y externos, controles formales y evidencia concreta de gobernanza efectiva.
El informe de EY advierte estas resoluciones representan un hito en la integración de principios ESG al cumplimiento tributario en Chile. Más allá del cumplimiento legal, se trata de un llamado a incorporar prácticas de transparencia, control y colaboración al más alto nivel de la gestión empresarial.
La sostenibilidad tributaria se convierte así en una herramienta estratégica para fortalecer la relación entre empresas y Estado, reducir litigios, y proyectar confianza en mercados cada vez más exigentes.
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