Chile avanza en la implementación de un marco clave para canalizar inversiones hacia actividades sostenibles. Basada en el modelo europeo pero con adaptaciones a la realidad nacional, la Taxonomía de Medidas Ambientales Sostenibles (T-MAS) se cerró su consulta pública el 31 de enero. Su desarrollo no ha estado exento de desafíos: regulación, implementación y su impacto en la economía local son solo algunos de los obstáculos que debe sortear.
A nivel mundial, más de 50 países han desarrollado o están en proceso de definir sus propias taxonomías sostenibles. En Latinoamérica, Colombia fue pionero en 2022, seguida por México en 2023. Panamá, Costa Rica y República Dominicana han seguido la tendencia, mientras que Chile, Brasil, Perú y Ecuador, aún trabajan en su versión.
El Ministerio de Hacienda chileno presentó el anteproyecto de la T-MAS a mediados de enero, estableciendo seis objetivos ambientales alineados con los estándares de la Unión Europea:
«Según un estudio del MIT, la taxonomía verde busca resolver un problema clave para el sector financiero: actualmente existen más de 600 clasificaciones ESG y 4.500 indicadores, lo que dificulta la toma de decisiones y la comparabilidad de proyectos», explica Javier Irarrázaval, director de Políticas Públicas de la CPC.
Uno de los mayores desafíos de la T-MAS es encontrar el balance entre ser compatible con estándares globales y, al mismo tiempo, responder a las particularidades del mercado chileno. Su principio de interoperabilidad busca facilitar la conexión con las más de 50 taxonomías existentes, permitiendo que inversionistas extranjeros puedan evaluar proyectos chilenos bajo criterios comparables.
«No tenía sentido innovar en un modelo propio si nuestros principales socios comerciales –China, Estados Unidos, Europa– no estaban en el mismo camino», señala Irarrázaval. Europa ha avanzado significativamente, China trabaja en una “Taxonomy Common Ground” con la UE, mientras que Estados Unidos sigue un enfoque más laxo en esta materia.
El trabajo técnico ha sido arduo. «Se desarrollaron los Criterios Técnicos de Selección (CTS) para mitigar y adaptarse al cambio climático, alineados con las políticas nacionales como la Estrategia Climática de Largo Plazo y el Acuerdo de París», explica Adriana Bazán Fuster, gerente de Programa de Financiamiento Climático del CCAP, un think tank con experiencia en taxonomías globales.
Para Rafael Saona, experto en finanzas sostenibles, que trabajó en Hacienda durante la elaboración del proyecto, el foco fue adaptar la taxonomía a la realidad local sin perder rigor: «Buscamos un equilibrio entre la urgencia climática y la viabilidad para las empresas. No se podía simplemente copiar el modelo europeo; debíamos garantizar que fuera exigente pero aplicable en Chile».
El proceso no ha sido sencillo. La experiencia internacional muestra que los principales problemas en la implementación de una taxonomía apuntan a tres aspectos:
Colombia, referente en la región, ha identificado la difusión y capacitación como ejes clave. «Las alianzas público-privadas han sido fundamentales en la implementación, a través de jornadas de formación y guías técnicas», destaca Beatriz Calderón, académica y consultora en finanzas sostenibles.
Además, en la etapa de construcción se enfrentaron tres desafíos centrales, según Saona, la necesidad de conocimiento técnico en múltiples sectores, desde minería hasta energía y agricultura; compatibilidad con otras taxonomías sin perder los objetivos propios del país; y la participación temprana de distintos actores para asegurar su viabilidad.
Desde la Sofofa advierten sobre los riesgos de generar visiones dicotómicas: «El desarrolo productivo tiene niveles de madurez y clasificar actividades como ‘sostenibles’ o ‘no sostenibles’ es complejo. Es clave evitar simplificaciones que puedan frenar inversiones en sectores con capacidad de transición hacia la sostenibilidad», afirma Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas del gremio industrial.
Los gremios han sido actores clave en la fase de consulta. «El desafío es titánico: debemos calificar cientos de actividades económicas según criterios técnicos en cada objetivo ambiental. Los gremios empresariales seguirán jugando un rol crucial», enfatiza Irarrázaval de la CPC.
Desde la academia, el llamado es a la formación de nuevos profesionales en sostenibilidad. “Las universidades deben integrar la T-MAS en sus planes educativos, capacitar a actores del mercado y facilitar la comprensión técnica de los criterios establecidos», destaca Calderón.
Además, la taxonomía abre nuevas líneas de investigación en temas como financiamiento verde, evaluación de impacto y regulación.
Con la consulta pública a punto de cerrarse, el próximo paso será incorporar las observaciones recibidas y afinar la versión definitiva de la T-MAS. Su éxito dependerá de su capacidad para atraer inversión, dar claridad a los mercados y contribuir a la transición hacia una economía sostenible en Chile.
El reto está sobre la mesa. Ahora, le toca al país convertir la taxonomía verde en una herramienta efectiva.
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