Bruselas simplifica el estándar europeo de reporte de sostenibilidad (ESRS) y exime a los gestores de activos de reportar sobre carteras de clientes. La medida, parte del paquete Ómnibus I, ahora pasa a revisión del Parlamento Europeo.
La Comisión Europea adoptó el 3 de julio pasado la revisión de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS), reduciendo los datos obligatorios de reporte ESG en más del 60% y el total de puntos de información en más del 70%. Según la autoridad el cambio reduciría los costos de reporte en más de 30% por empresa.
La decisión no es menor para el ecosistema ESG global: los ESRS son el estándar técnico que da forma concreta a la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la norma europea que desde 2024 obliga a miles de empresas grandes, incluidas muchas con operaciones o proveedores en Chile y Latinoamérica, a divulgar sus riesgos e impactos en sostenibilidad.
Simplificar el «cómo» reportar, sin tocar el «qué» empresas están obligadas a hacerlo, era la promesa central del paquete Ómnibus I, la ofensiva de simplificación regulatoria que Bruselas viene empujando desde 2025 para aliviar la carga administrativa en un 25%.
Entre los cambios, uno concentró buena parte del debate previo a la adopción final: los gestores de fondos sujetos a un deber fiduciario, que administran carteras bajo mandato acordado con sus clientes, ya no estarán obligados a reportar información ESG sobre esos activos que no poseen ni controlan directamente.
La industria financiera llevaba meses pidiendo esta exención, argumentando que no tenía sentido exigirles datos sobre inversiones que gestionan por encargo de terceros. Pero la medida no llegó sin resistencia: organizaciones como Shift Project y varias ONG de derechos humanos advirtieron en cartas públicas, antes de la adopción final, que los gestores de activos sí tienen capacidad de influir en las empresas en las que invierten a través de votación, engagement y decisiones de cartera, y que dejar esos activos fuera del reporte abre un «punto ciego» que debilita la transparencia y eleva el riesgo de greenwashing. La Comisión mantuvo su propuesta pese a esas objeciones.
El impacto del reglamento Omnibus europeo en las empresas latinoamericanas
La segunda pieza del paquete es un estándar de reporte voluntario para empresas que quedan fuera del alcance de la CSRD. Su objetivo es facilitar que estas compañías, proveedoras habituales de las grandes obligadas a reportar, puedan responder a los requerimientos de información ESG sin tener que adoptar el estándar completo.
Aquí aparece un mecanismo interesante para toda cadena de suministro global, incluidas las empresas latinoamericanas que exportan a Europa o forman parte de cadenas de valor de multinacionales europeas: el llamado «techo de cadena de valor» (value chain cap). En la práctica, una empresa sujeta a la CSRD no podrá exigirle a sus proveedores más información de la que cubre este estándar voluntario. Para compañías chilenas con clientes o matrices europeas, esto debiera traducirse en cuestionarios de sostenibilidad más acotados y estandarizados, en lugar de la actual proliferación de solicitudes ad hoc.
Los dos actos delegados, el que revisa el ESRS y el que crea el estándar voluntario, pasan ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE para un período de escrutinio de dos meses, prorrogable por otros dos si alguna de las dos instituciones objeta.
Si no hay objeciones, empezarán a reegir y se publicarán en el Diario Oficial de la UE. La revisión técnica de fondo fue elaborada por EFRAG (el organismo asesor que reemplazó al antiguo Grupo Consultivo Europeo de Información Financiera), a partir de una consulta pública que en 2025 recibió más de 400 respuestas.
Para directorios y equipos de sostenibilidad en Chile, el mensaje de fondo es doble:
Primero, que Europa está bajando la exigencia técnica de reporte, pero no desmontando el marco: la CSRD sigue vigente y las empresas chilenas que forman parte de cadenas de valor europeas seguirán recibiendo solicitudes de información, aunque más acotadas.
Segundo, que el debate de fondo, cuánta transparencia ESG es razonable exigir, y a quién, sigue abierto incluso en la jurisdicción que hasta ahora marcaba el estándar más exigente del mundo. Es un antecedente útil para el propio debate regulatorio chileno en torno a la NCG 519 y la convergencia con NIIF S1/S2.
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