El gobierno francés se sumó a las presiones que inició Alemania para que la Unión Europea (UE) retrase y flexibilice algunas de las nuevas normas de debida diligencia y reportes de sostenibilidad para las sociedades anónimas.

Todo esto con el foco puesto en reducir las cargas burocráticas y simplificar las obligaciones de cumplimiento para las compañías, principalmente medianas y pequeñas y en el contexto que la Comisión Europea está considerando una nueva legislación ómnibus como parte de su agenda de simplificación regulatoria, que podría abrir potencialmente la legislación establecida -como la CSRD, la CSDDD y la Taxonomía de la UE- a nuevas modificaciones.

Lo que pide Francia es una «pausa regulatoria masiva» para normativas como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y un «aplazamiento indefinido» para la Directiva de Debida Diligencia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), acusando una potencial pérdida de PIB del país, causada por una excesiva complejidad regulatoria y a la luz de un nuevo entorno competitivo.

La CDSDD estable obligaciones para que las empresas identifiquen, evalúen, prevengan, mitiguen, aborden y remedien los impactos sobre las personas y el planeta (desde el trabajo infantil y la esclavitud hasta la contaminación y las emisiones, la deforestación y los daños a los ecosistemas) en su cadena de suministro ascendente y algunas actividades descendentes como la distribución y el reciclaje. Lo que pretende Francia es  aumentar el umbral para las empresas con más de 5.000 empleados e ingresos superiores a 1.500 millones de euros.