entrevista
11/06

«Ser Empresa B no es altruismo corporativo, tiene un impacto real en el negocio»

El Movimiento B partió en 2006 con 81 empresas pioneras y hoy es una fuerza global de 10.800 compañías en 104 países. En entrevista con ESGHOY, la directora ejecutiva de Sistema B Chile habla de su alcance y lo que viene.

En Chile las Empresas B tiene el mayor ratio per cápita de América Latina: 270 compañías certificadas en más de 20 sectores productivos,  desde tecnología y servicios financieros hasta construcción, energía, alimentación y manufactura.

¿Con qué impacto? Más de 35 mil empleados, ingresos por sobre US$5.000 millones anuales, casi un 2% del PIB nacional.

En entrevista con ESGHOY, la directora ejecutiva de Sistema B, Zdenka Astudillo, dice que el crecimiento ha sido posible gracias al trabajo articulado de distintas áreas que cumplen roles complementarios y sinérgicos.

Habla del proceso de expansión, detalla qué necesitan las empresas para ser B, cómo se maneja el lavado de imagen y el greenhushing, además de lo que ha sido  participación de Sistema B en la Ley BIC, que crea las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo y su impacto en el mercado local.

«No se trata solo de invitar a las empresas a certificarse, sino de mostrarles por qué hacerlo tiene sentido estratégico para su negocio y para el ecosistema en el que operan», dice de entrada al explicar el avance del proceso en en el país. «El resultado es un ecosistema que crece desde adentro hacia afuera: una comunidad cohesionada que actúa como referencia y motor para futuras empresas que buscan operar con propósito», estampa.

¿En qué está hoy Sistema B?

En etapa de expansión. Trabajando con distintos países, buscando sinergias y compartiendo prácticas que nos permitan capitalizar experiencias y aprendizajes. Trabajando bajo una estrategia regional común que potencie aún más el Movimiento B en Latinoamérica.

La integración organizacional que estamos viviendo con B Lab a nivel global, nos exige, y es también una gran oportunidad, permanentemente actualizados con las regulaciones europeas e internacionales que están marcando el desempeño de las compañías y el impacto que generan en sus grupos de interés.

A 20 años del Movimiento B, Chile se posiciona como líder regional en Empresas B por habitante, con casi 270 compañías certificadas, más de 38.500 empleos y una facturación equivalente al 2% del PIB.

Certificación y regulación

Astudillo explica que la Certificación de Empresa B se sustenta en un proceso de verificación riguroso, independiente y alineado con estándares internacionales de referencia, incluyendo normativas ISO y marcos globales de reporte y transparencia. Y ese rigor metodológico, dice, es precisamente lo que otorga credibilidad al sello y lo diferencia de otras iniciativas de sostenibilidad corporativa.

El proceso considera aspectos formales que evalúan la elegibilidad de la empresa, el cumplimiento de requisitos legales y su perfil de riesgo. Y, de manera central, la empresa debe demostrar que cumple con estándares mínimos verificables en materia ambiental, social y de gobernanza a través de la Evaluación de Impacto B.  Los 7 temas de impacto que mide:

Asuntos Gubernamentales y Acción Colectiva: fomentar soluciones que impulsen una economía equitativa, inclusiva y justa.

Gobernanza de las Partes Interesadas y Propósito: propósito definido e integrar la gobernanza de las partes interesadas en la toma de decisiones.

Trabajo Justo: Empleos de calidad y una cultura laboral positiva.

Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión: Espacios de trabajo inclusivos y diversos, y contribuye a comunidades justas y equitativas.

Derechos Humanos: Respetar derechos fundamentales.

Acción Climática: Acciones concretas para enfrentar la crisis climática y sus impactos.

Circularidad y Gestión Ambiental: Responsabilidad ambiental y contribuir a la economía circular en las operaciones y cadena de valor

Validación rigurosa

¿Cómo maneja el  riesgo de Greenwashing una empresa B?

Más allá del cumplimiento de estándares por parte de las empresas, el proceso contempla una verificación externa llevada a cabo por una entidad independiente, cuyo rol es validar rigurosamente la documentación que respalda cada declaración e indicador de impacto. No basta con afirmar buenas prácticas, es necesario demostrarlas con evidencia concreta, trazable y auditada.

A esto se suma un principio fundamental de transparencia interna: la información relevante sobre el desempeño e impacto de la empresa debe estar disponible y ser accesible para todo el equipo. Esto no solo fortalece la coherencia organizacional, sino que convierte a cada persona, dentro de la empresa, en un actor informado y corresponsable del propósito declarado.

El resultado es un estándar que no se declara, sino que se verifica. Y esa distinción es la que le otorga al sello de Empresa B Certificada su credibilidad frente a empresas, inversionistas e instituciones a nivel global.

¿Y el greenhushing?

Nos encontramos en variadas ocasiones con empresas que están llevando a cabo acciones concretas de impacto, pero que por distintas razones, temor a la crítica, exceso de cautela o falta de cultura de reporte, optan por no comunicarlas. Parte de nuestro trabajo es precisamente acompañarlas a entender que transparentar sus avances no es una amenaza, sino un activo. Comunicar el impacto con rigor y evidencia es lo que construye confianza, y la confianza es la base sobre la que se sostiene cualquier modelo de negocio.

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La gran apuesta

¿Cómo ha sido la participación de Sistema B en la Ley BIC, que  crea las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo? ¿Avanza?

Hemos sido parte activa de este proceso desde el inicio. La Ley BIC es una de las grandes apuestas de Sistema B Chile porque reconoce legalmente la existencia de las empresas con propósito y crea un marco que promueve que más organizaciones adopten este modelo.

Lo que busca la ley es darle certeza jurídica a algo que ya existe: empresas que operan con lógica de triple impacto, económico, social y ambiental,  y que hoy no tienen un reconocimiento legal a la altura. Para ser reconocidas como BIC, las empresas deben incorporar su compromiso de impacto en sus estatutos, elaborar un reporte anual y someterlo a auditoría independiente. Es un estándar exigente, pero razonable.

Ha sido un proceso legislativo largo, lo que nos da certeza que en todos los países donde se ha discutido una ley similar ha habido apoyo transversal. Chile no está solo en esto: Estados Unidos, Italia, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá y España ya tienen su Ley BIC vigente, y eso nos da tanto referencia como urgencia para avanzar.

Midiendo el triple impacto

¿Cuáles son los próximos pasos como Sistema B?

Avanzar hacia una medición rigurosa del impacto que genera ser una Empresa B Certificada. Hasta ahora, gran parte de la evidencia disponible se ha centrado en evaluar el desempeño  a través de la Evaluación de Impacto B. Queremos ir un paso más allá: medir de forma tangible y sistemática qué diferencia concreta produce la certificación en los resultados del negocio, tanto a nivel interno como en su entorno.

Estamos buscando asociarnos con centros de estudios o instituciones académicas que nos permitan desarrollar investigación aplicada con estándares metodológicos sólidos. Las dimensiones de análisis podrían incluir indicadores de gestión de personas, como tasas de rotación de personal, niveles de compromiso organizacional o ausentismo, desempeño financiero, acceso a talento, reputación de marca o relaciones con proveedores y clientes, entre otros.

Esta línea de trabajo no solo fortalece la credibilidad del movimiento, sino que entrega a las empresas y a los tomadores de decisiones evidencia concreta sobre el valor de operar con lógica de triple impacto.

¿Qué mensaje transmitiría a las empresas?

El mensaje central que queremos transmitir es claro: ser una Empresa B no es un ejercicio de altruismo corporativo ni un atributo de imagen. Es una decisión estratégica con impacto real en la reputación, la competitividad y la confianza que genera un negocio en el largo plazo.

En el contexto actual, los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, han ganado protagonismo en la agenda empresarial global. Sin embargo, existe una tendencia a percibirlos como un marco paralelo o desconectado de la gestión cotidiana. La Certificación de Empresa B viene precisamente a integrar y estandarizar esas buenas prácticas dentro de la operación de la empresa, dotándolas de coherencia, medición y verificación independiente. Y en un proceso de mejora continua.

El propósito, cuando está bien gestionado y medido, no compite con la rentabilidad. La refuerza. Y genera triple impacto positivo: económico, social y ambiental.

Si todas fueran B

¿Hay evidencia que una Empresa B marca diferencias medibles?

La investigación global que realiza nuestra matriz B Lab, que son los «B Lab Insights», responde que sí y de manera contundente. Su pregunta central no es qué han logrado las Empresas B, sino algo más ambicioso: ¿Cuánto podríamos avanzar si todas las empresas actuaran como Empresas B? En materia climática,por ejemplo, si todas las empresas adoptaran prácticas al ritmo actual de las Empresas B, se podría reducir la temperatura global en 0,5 °C para el año 2100, una contribución concreta al Acuerdo de París.

En lo que tiene que ver con calidad del empleo, las Empresas B implementan más y mejores prácticas laborales que las empresas convencionales con resultados positivos tanto para los trabajadores como para el negocio. No es filantropía; es gestión inteligente del capital humano. En desempeño financiero superan a las empresas tradicionales en crecimiento de ingresos y tuvieron una probabilidad significativamente mayor de sobrevivir a la pandemia.

La evidencia es clara: El triple impacto que considera la variable social y ambiental en la ecuación del negocio, no es incompatible con la rentabilidad. Es, cada vez más, una condición para ella.